- Solo a una fundación le entregaron 253 contratos por $245 mil millones. En los próximos días, la congresista radicará una solicitud ante los entes de control para que se investiguen las irregularidades y presentará un proyecto legislativo para reformar la actual Ley de Regalías a fin de cerrar la puerta a actos de corrupción.
Bogotá, 22 de septiembre de 2022. La Senadora de la República del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, denunció una cadena de irregularidades en el manejo de los recursos de los fondos regionales y ambientales del Sistema General de Regalías durante los últimos cuatro años, correspondientes al periodo del expresidente Iván Duque.
Se trataría de uno de los peores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
Así lo pudo establecer luego de varios meses de labores con su equipo, en el que se adelantó una acuciosa investigación documental, administrativa, financiera, sumado a un trabajo en campo con mandatarios e instituciones locales en diversas regiones de Colombia, que dio como resultado el hallazgo de serias anomalías en la administración de los recursos destinados a las regiones y al presupuesto ambiental de regalías.
De acuerdo con los resultados de la investigación, durante la administración de Iván Duque se asignaron 12.245 contratos, así como actos de ordenación de gasto bajo la modalidad de contratación directa y regímenes especiales que suman recursos por el orden de los 3.8 billones de pesos.
Es decir, que entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2022, el gobierno destinó a dedo y sin una sólida justificación técnica, una partida presupuestal tan grande que si se compara con otras obligaciones del Estado alcanzaría, por ejemplo, para financiar durante tres años seguidos en toda Colombia el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que es, ni más ni menos, la comida diaria de casi seis millones de niños y niñas de todo el país.
Actual Ley de Regalías, a la medida de la corrupción
La actual Ley de Regalías ( 2056 de 2020), reformada bajo el gobierno Duque, abrió más la brecha para que le hicieran el quite a la Ley 80 de 1993 y evitaran así procesos de selección públicos, abiertos y transparentes.
En la investigación de la senadora Hernández se pudo determinar con fuentes en territorio, que para que un proyecto de regalías salga adelante y tenga vida se “requiere” de un padrino político que “garantice” su aprobación a cambio del pago de coimas durante las distintas fases del proceso.
En ese sentido, el alcalde del municipio de Colón- Génova (Nariño), Segundo Gil López, y quien fue uno de los mandatarios consultados durante la verificación en territorio, contó detalles reveladores frente a cómo habría funcionado la perversa dinámica de intermediación que terminó desviando a bolsillos particulares, importantes recursos públicos pertenecientes a la ciudadanía.
“Durante varios años en muchas entidades del Estado han instalado unas especies de ‘peajes’, es decir el pago de coimas o dádivas, a cambio de permitir el avance de un proyecto de regalías. Si esto no se hace la iniciativa sencillamente es descartada por muy buena que sea, lo cual no solo es hecho descarado de corrupción, sino que además impide la materialización de proyectos valiosos y que sí necesitan con urgencia las comunidades”, indicó.
Por cuenta de las pesquisas adelantadas por la congresista, se encontró que en los contratos de regalías para las regiones y del presupuesto ambiental, se aplicó el mismo patrón sistemático y clientelar que se basa en el pago de dádivas desde el nacimiento hasta la finalización del proyecto de inversión que sumarían el 10% de los recursos totales ejecutados. Es decir, esta práctica perversa y corrupta, habría generado un desangre en corrupción de 380 mil millones de pesos.
Top 3 del escándalo
El Fondo Mixto para la promoción del Deporte y la Gestión Social, entidad ampliamente cuestionada por su vínculo con la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, fue ejecutor directo de 37 contratos por $34.000 millones.
Lo curioso de este fondo, es que la participación de la Gobernación del Valle es del 99,77% en sus acciones y el socio mayoritario y representante en la junta es la Gobernadora, es decir tiene el control absoluto de su funcionamiento, solo que, a través de este fondo se canalizan los recursos que salen de la Gobernación para poder hacer contratación al margen de procesos públicos y abiertos.
A esto se suma el hecho controversial que esta es la misma entidad que ejecutó casi 500 mil millones de pesos de los cuestionados contratos del OCAD paz, aun cuando cuenta con un patrimonio de apenas 6.401 millones de pesos.
La Fundación Universidad del Valle (para este caso seleccionada como entidad ejecutora y que no es la misma Universidad del Valle), cuyo director, Marlon Giovanny Gómez Jaramillo, por todos conocido, es cercano a la exgobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro, obtuvo 253 contratos a dedo por $245 mil millones
Un hallazgo preocupante es que la Fundación Universidad del Valle figura con un patrimonio neto de apenas 4.100 millones de pesos, es decir 50 veces menos de los montos que recibió, lo que se constituye, para los intereses del Estado, en un grave riesgo al depender de una organización con un limitado músculo financiero en caso de una eventualidad derivada de la ejecución de los recursos. Es bueno recordar, que esta organización ya ha estado inmersa en varios escándalos por importantes retrasos en la ejecución de proyectos y por hallazgos fiscales de la Contraloría General.
Otro caso escandaloso es el relacionado con las Asociaciones de Municipios, que han sido constituidas, en buena parte, por ex alcaldes. Se valen de las fragilidades del mismo para constituir esta clase de organizaciones a fin de evitar los esquemas de contratación públicos, de control y de transparencia amparados en leyes como la 80 de 1993.
Estas organizaciones recibieron de las manos del gobierno Duque, 255 contratos a dedo por 162 mil millones de pesos, sin ninguna clase de vigilancia y bajo el desconocimiento de la opinión pública.
Equipo de prensa – Esmeralda Hernández- Senadora de la República – Pacto Histórico.
